El presente informe contiene el resultado del
catastro sobre investigaciones de delitos sexuales cometidos por sacerdotes y
laicos relacionados con la iglesia, cuya elaboración fue instruida por el
Fiscal Nacional, Jorge Abbott.
Las investigaciones de delitos relacionados
con características propias de las víctimas, como son los sexuales y, en particular,
los cometidos contra niños, niñas y adolescentes, son de la máxima relevancia
para el Ministerio Público y forman parte central de las prioridades
establecidas en su Política de Persecución Penal.
Con el fin de llevar adelante investigaciones
claras, diligentes y eficientes en sus resultados, el Fiscal Nacional ha
mandatado que:
1°. Se investiguen con rigurosidad todos los
casos relacionados con delitos sexuales cometidos por sacerdotes o personas
relacionadas con la iglesia en contra de niños, niñas, adolescentes y adultos.
2° Que todas las fiscalías del país promuevan
y llamen a quienes hayan sido víctimas de delitos sexuales a
denunciar ante la Fiscalía de Chile, ya que es la única forma de que el
Ministerio Público tome conocimiento de estos hechos, los investigue y promueva
las sanciones que correspondan.
3°. Tal como ha sostenido el Fiscal Nacional,
la definición del Ministerio Público es investigar todas las denuncias, más
allá de si los delitos están prescritos o no,
porque las víctimas tienen el derecho de ser escuchadas por la justicia
y es deber de la Fiscalía de Chile
favorecer las condiciones para que ello ocurra.
1.- Catastro sobre causas
a)
Sobre
el levantamiento de información
·
La Fiscalía Nacional solicitó a las Fiscalías Regionales un
reporte con los casos denunciados por delitos sexuales cometidos por sacerdotes
y/o miembros de la Iglesia Católica en Chile ocurridos desde el comienzo de la Reforma Procesal Penal (2000)
hasta la fecha.
·
La División de Estudios de la Fiscalía Nacional levantó
información desde el Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF) de causas relacionadas
con la comisión de delitos sexuales por parte de sacerdotes y/o personas
relacionadas con la Iglesia Católica, utilizando diversos criterios de selección.
·
Se levantaron datos de organizaciones sin fines de lucro que
han hecho un seguimiento a causas de personas pertenecientes a la Iglesia
Católica que han cometido delitos y también se consideró la información
entregada a través de comunicados de prensa de las distintas diócesis del país.
·
Sobre
el catastro de casos: La
información levantada fue analizada por la Unidad Especializada en Derechos
Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional,
elaborándose un Catastro Nacional dinámico, que seguirá en permanente
actualización.
·
Tipo
de personas imputadas del catastro: Fueron incluidas en el levantamiento a todos quienes
formaban parte del clero al momento de la comisión de los delitos, es decir,
quienes hayan recibido el orden sacerdotal
(obispos, sacerdotes o presbíteros y diáconos). También incorporó a personas pertenecientes a la vida
consagrada a través de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica, entre las que se encuentran las órdenes y congregaciones religiosas
(hermanos/as, monjes/as, frailes, religiosos/as, etc.). Por último, el catastro
también incluye personas laicas que
ejercían alguna función en el ámbito eclesial, como la coordinación de
áreas pastorales o en establecimientos vinculados a la Iglesia (colegios,
seminarios, entre otros), siempre que estas funciones hayan permitido o
facilitado la comisión de los delitos.
b)
Número
de casos, imputados y víctimas
·
Número
de imputados y casos: En total son 158
personas investigadas asociadas a 144 investigaciones distintas sobre casos
ocurridos desde el año 1960 a la fecha:
§
Obispos, sacerdotes, diáconos que no pertenecen a una
congregación: 74.
§
Obispos, sacerdotes, diáconos que sí pertenecen a una
congregación: 65 (destacan 16 salesianas y 15 maristas).
§
Laicos o laicas a cargo de pastorales parroquiales o
pertenecientes a colegios: 10.
§
Otros (no fue posible obtener adscripción o función): 9.
§
En su gran mayoría los hechos denunciados corresponden a
delitos sexuales cometidos por sacerdotes párrocos o personas vinculadas a
establecimientos educacionales. También existen 5 casos por encubrimiento u
obstrucción a la investigación contra superiores de congregaciones u obispos a
cargo de una determinada diócesis.
|
Fiscalía Regional
|
N° casos
|
|
I
|
4
|
|
II
|
4
|
|
III
|
2
|
|
IV
|
9
|
|
V
|
17
|
|
VI
|
9
|
|
VII
|
11
|
|
VIII
|
18
|
|
IX
|
7
|
|
X
|
7
|
|
XI
|
2
|
|
XII
|
6
|
|
XV
|
3
|
|
XIV
|
6
|
|
SUR
|
6
|
|
OCCIDENTE
|
12
|
|
ORIENTE
|
10
|
|
CENTRO NORTE
|
11
|
|
Total
|
144
|
·
Víctimas:
Fueron identificadas 266 víctimas, cuyo desglose es el siguiente:
·
178 niñas, niños y adolescentes
·
31 adultos
·
57 sin precisar (relacionados a casos denunciados con
anterioridad a la RPP).
·
Estado
actual de las investigaciones:
§
36 se encuentran vigentes con diligencias pendientes y 108
concluyeron por las siguientes formas de término:
Ø
22 casos concluyeron con sentencias condenatorias,
Ø
2 casos terminaron con absolución.
Ø
4 casos terminaron por suspensión condicional del
procedimiento
Ø
7 casos con sobreseimiento definitivo.
Ø
43 casos terminaron por archivo provisional o decisión de no
perseverar, al no existir antecedentes suficientes para continuar una
investigación o para acusar a una persona.
Ø
6 casos terminaron por decisión de no iniciar una
investigación dado que los hechos no eran constitutivos de delito
Ø
2 terminaron por otros motivos.
Ø
22 casos fueron remitidos a justicia penal antigua (Juzgados
del Crimen) dado que los hechos se cometieron antes de la entrada en vigencia
de la Reforma Procesal Penal.
*Todas
las regiones reportaron al menos un caso, concentrándose la mayor cantidad en
las regiones con mayor población (Región Metropolitana, Región del Biobío y
Valparaíso).
2.- Acciones del Ministerio Público
a)
Requerimiento de información al Vaticano
Tras la revisión de todas las causas ingresadas en el
Registro, se estimó en algunos casos solicitar al Estado Vaticano más
antecedentes sobre las personas investigadas.
Las regiones que solicitan información son Valparaíso, Metropolitana Sur y Araucanía.
Otras no descartan efectuar requerimientos una vez desarrolladas otras diligencias
investigativas.
El requerimiento de información incluye antecedentes sobre
los procesos penales canónicos seguidos en contra de ocho personas por
distintos delitos sexuales cometidos contra niños, niñas o adolescentes.
La Fiscalía de Chile, a través de la Unidad de Cooperación
Internacional y Extradiciones (UCIEX), ha sido designada como Autoridad Central
del Estado para remitir y recibir válidamente requerimientos de asistencia al
amparo de Convenios o Tratados internacionales multilaterales o bilaterales. La
base jurídica en este caso se asienta
en los denominados Principios Generales de Derecho Internacional, en particular
el de reciprocidad, habitualmente utilizado como fundamento de la cooperación
internacional y no en tratados o convenciones internacionales (como es en este
caso), por lo que el rol de Autoridad Central lo mantienen el Ministerio de
Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos (DIJUR).
De esta manera, los primeros requerimientos son remitidos a
través de un oficio enviado por el Fiscal Nacional a la Cancillería. Será
entonces dicho organismo quien los remitirá por la vía diplomática al Vaticano.
Lo anterior, sin perjuicio de los contactos directos que mantenga la Fiscalía,
a través de UCIEX, con las autoridades competentes del Vaticano, para coordinar
lo necesario en pos de una eficaz ejecución de lo solicitado.
Cabe señalar que se han realizado coordinaciones con la
Cancillería y la Nunciatura por estos requerimientos, de manera de asegurar,
dentro de lo posible, un resultado eficaz y favorable, además de explorarse
otras vías de cooperación a futuro (suscripción de memorandos de entendimiento,
tratados, etc.).
a)
Protocolo de actuación para estos casos
Con el objeto de fortalecer el efectivo y coordinado
desempeño de la persecución penal pública y de la protección de las víctimas y
testigos, además de garantizar que una persona que denuncie estos hechos, sin
importar en qué parte del país se encuentre, tenga una misma respuesta por
parte de todos y todas las fiscales del país, la Fiscalía Nacional enviará un
protocolo de actuación para los fiscales para la investigación de delitos
sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica.
El documento reitera algunos criterios de actuación ya establecidos
mediante la Instrucción General del Fiscal Nacional que imparte criterios de
actuación en delitos sexuales, del año 2015, respecto al tratamiento de las
víctimas y forma de ejecutar algunas diligencias de la investigación. Junto con
esto, incluye las principales consideraciones a tenerse presente en estos
casos, como su asignación a fiscales preferentes o especializados/as en delitos
sexuales; el inicio de investigaciones de oficio por parte de los y las
fiscales ante el conocimiento de hechos que hayan afectado a niños, niñas o
adolescentes; y la coordinación permanente con la Unidad Especializada en
Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía
Nacional.
Asimismo, se indica la realización de diligencias mínimas de
la investigación, como la entrevista de las víctimas resguardando su
confidencialidad. De esta forma, se busca que en todos los casos denunciados,
incluso en aquellos denunciados luego de vencido el plazo de prescripción de la
acción penal y de hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia
del Código Procesal Penal, se lleven a cabo algunas actividades investigativas.
b)
Fiscales
preferentes
La Fiscalía Nacional solicitó a las Fiscalías Regionales designar
fiscales preferentes u otro profesional que pueda cumplir la función de
contacto con la Fiscalía Nacional en estos temas. Asimismo, se espera que esta
persona pueda ser una figura de vinculación a nivel regional con víctimas u
otras instituciones. Hasta la fecha, 8 regiones han nombrado a fiscales preferentes
o abogados puntos de contacto: FRM SUR, FRM Oriente, XV, III, VII, IX, XIV
y X.
c)
Otras actividades de coordinación
Junto con todas estas acciones, durante estas últimas
semanas la Fiscalía Nacional se ha reunido con diferentes personas e instituciones
con el objetivo de apoyar las investigaciones por estos hechos. Dentro de estas
reuniones se cuentan diversas reuniones con la coordinadora designada por la
Conferencia Episcopal para la relación con el Ministerio Público, con quien se
han establecido un canal de comunicación para poder favorecer el compromiso de
colaboración que ha adquirido la Iglesia de Chile con la investigación de estos
delitos. Asimismo se sostuvo reuniones con representantes de la recién formada comisión de escucha y recibimiento para las
víctimas.
