En la última década, la acción estatal en este ámbito ha mantenido cifras similares año a año, siendo las comunas de Parral, San Clemente, Longaví y Cauquenes, aquellas con mayor cantidad de planes aprobados. Entre las prácticas que son bonificadas por el Estado están el establecimiento de praderas, la nivelación de suelos, corrección de fósforo y enmiendas calcáreas.
Para evaluar la ejecución y el impacto de este instrumento público se realizó esta semana un taller de diálogo y participación con presencia de agricultores, profesionales del área, de la academia y de la investigación, operadores del programa y profesionales del área pública y privada. Todos ellos son actores relevantes de este programa.
El Seremi de Agricultura, Luis Verdejo, dio el vamos al encuentro virtual destacando que el objetivo es “pensar en una actualización de este instrumento, considerando las visiones y aportes regionales de los productores y representantes de la institucionalidad pública y privada”.
La autoridad regional destacó “la importancia del programa en el apoyo a los agricultores con cultivos tradicionales”. Por ejemplo, la práctica de nivelación con pala laser en arroz no solo minimiza la erosión sino que ahorra gasto en agua de riego. En maíz, entre otras prácticas se incentiva la pica e incorporación de rastrojos evitando con ello las quemas y mejorando la materia orgánica del suelo.
Esto ha sido aún más relevante en la última década en que la región ha enfrentado una sequía persistente. “Hemos visto con la sequía la importancia de establecer prácticas que ayuden a un adecuado balance hídrico y forrajero predial, y en ese sentido los productores han podido establecer sus praderas gracias al aporte que reciben del programa”, agregó el Seremi.
Mesa técnica nacional
En febrero de 2022 termina la vigencia de la Ley 20.412 que estableció el Sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios (SIRSD-S). Dada esta coyuntura, el Ministerio de Agricultura encomendó a la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) crear una mesa técnica público privada que analice el impacto del instrumento, evalúe la operatoria del sistema y trabaje en una propuesta de continuidad.
En ese contexto, la Directora Nacional de la oficina, María Emilia Undurraga, resaltó que su servicio está coordinando un ciclo de talleres en todo el país, junto con INDAP y SAG: “el diálogo es muy importante y enriquecedor y por eso en este ciclo estamos incluyendo a todos los actores que están relacionados directamente con los instrumentos y son los encargados de aplicarlos”. Respecto al objetivo de estos encuentros, indicó que el futuro término de la Ley es “una oportunidad de reflexionar sobre la ejecución de una política y crear instancias de análisis para perfeccionarla si es para beneficio de los agricultores y de los suelos”.
