Su preocupación por el no cumplimiento de los comprometido a vecinos y vecinas de Pelluhue, afectados por el proyecto de ruta costera, planteó la Senadora de Demócratas Chile por el Maule, Ximena Rincón González, quien lamentó que el inicio del proceso de participación ciudadana no fuese como se le comunicó a vecinos y autoridades comunales para abordar alternativas de trazados y que, además, hubiera agresividad y malos tratos contra aquellos que se oponen a la iniciativa.
Al respecto, la legisladora recordó que el Delegado Regional Presidencial vía oficio comunicó el 20 de febrero pasado que el Ministerio de Obras Públicas decidió “no dar curso al plan de acción vinculado al proyecto, con el propósito de ofrecer alternativas que resulten validadas por la comunidad y que representen el menor impacto posible en las propiedades actualmente emplazadas en la zona de expropiaciones”.
“A los afectados se les comprometió un proceso en que se evaluarían diversas alternativas, pero el inicio del proceso de participación ciudadana sólo se centró en la cuestionada variante, que afecta al menos a 350 familias. El proceso de participación ciudadana partió mal. Como equipo constatamos malos tratos y agresividad hacia quienes no están de acuerdo con el proyecto, razón por la cual oficiamos a la ministra para que revise la forma en que se ejecuta, pero también vaya al fondo, que es un trazado que en 2016 pudo servir, pero no ahora, en 2024”, aseguró
Ximena Rincón dijo que espera que el Gobierno y, más específicamente, el Ministerio de Obras Públicas, revise y cambie el trazado del proyecto de ruta costera en Pelluhue, que significará la expropiación de, al menos, 350 propiedades entre los sectores de Pueblo Hundido y Chovellén.
Añadió que se trata de un proyecto que ni la comunidad ni el municipio respaldan, lo que va contra un concepto de desarrollo que no sólo es la construcción de megaproyectos, sino que también la capacidad de que estas obras impacten positivamente en el territorio en ámbitos tan diversos como economía, medio ambiente y calidad de vida, entre otros factores.
“Lo que acá vemos es una disociación entre lo que el MOP cree debe hacerse y lo que piensa la comunidad y las autoridades comunales. Por eso, Llamamos al Gobierno a revisar el proyecto. Nadie está contra el desarrollo, pero para que éste sea tal, no debe ir contra el tejido social de un pueblo y eso es lo que está ocurriendo”, aseguró la legisladora.
Agregó que la solución pasa por el diálogo y la capacidad de escucha a quienes conocen el territorio y proyectan su desarrollo. En este sentido, dijo que parte importante de las casas a expropiar son ocupadas por personas de la tercera edad, las que podrían enfrentar problemas para seguir en la comuna, tanto por la baja oferta de terrenos como por el alto costo de los mismos.
